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Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz, en relación a la agricultura familiar

Es objetivo permanente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz1 trabajar por la superación de situaciones de injusticia, especialmente las que afectan a los grupos de población más vulnerables, por la paz social y el diálogo sincero como camino de encuentro. Entre otras tareas, desde hace años estamos en contacto con organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena de todo el país, con agentes de pastoral que trabajan con familias campesinas, con miembros de instituciones de promoción y con las mismas familias. Así aprendimos a valorar los inestimables aportes de la agricultura familiar en la producción de alimentos, el arraigo poblacional en los territorios, el cuidado y la preservación de los bienes naturales que son patrimonio de todos.

También constatamos los problemas que las aquejan y, dentro de nuestras limitadas posibilidades, procuramos aportar a su superación. Con este espíritu, colaboramos con la Mesa de Diálogo de la Agricultura Familiar mientras funcionó, en el ámbito del Ministerio de Agroindustria; manifestamos ideas y sugerencias a las autoridades; promovimos encuentros entre distintos actores. Con el mismo espíritu, en los últimos meses mantuvimos varias reuniones con funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial y del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

La impresión que nos llevamos de los encuentros con las autoridades fue que las políticas de promoción y desarrollo de la agricultura familiar estaban aseguradas y se trabajaba por su mejoramiento. Por eso vemos ahora con preocupación que los equipos técnicos al servicio de las familias de pequeños productores – que son esenciales para el trabajo de desarrollo y crecimiento con estas familias -, sea en los territorios o en reparticiones ligadas al sector, estén siendo reducidos en forma drástica y se haya reducido el financiamiento de varios programas. La consecuencia es que las familias tendrán aún menos cooperación técnica y económica o quedarán totalmente desguarnecidas. También nos preocupa que los canales institucionales de diálogo se hayan debilitado, que la reglamentación de la ley 27118 de agricultura familiar, que podría aportar algunas soluciones, esté tan demorada.

Como lo hemos mantenido siempre, en aquellas coyunturas que exijan restricciones, los costos económicos y sociales no deben recaer sobre los débiles. Por el contrario, en momentos de dificultades, son quienes necesitan mayor protección y apoyo.

Hacemos pública estas preocupaciones que ya manifestamos en privado a las autoridades, esperando que se arbitren alternativas de soluciones concretas para el desarrollo integral de la agricultura familiar, privilegiando el bien común y el diálogo conducente a alcanzarlo, acordes con los tiempos, las urgencias y el deterioro que se está dando en las economías locales, con el riesgo de que los problemas se agraven y se pierda lo logrado.  Todos estamos invitados a “no amar de palabras sino con obras”2.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2018


1 La Comisión Nacional de Justicia y Paz en un organismo de la Conferencia Episcopal Argentina
2 Cfr. 1 Jn 3,18



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