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CONSTRUYAMOS TODOS LA NACIÓN

 

En diciembre de 1984 se cumple un año del restablecimiento del sistema constitucional y ese hecho permite al Episcopado dar a conocer, a la luz de sus deberes pastorales, el juicio que le merece la ardua transición que se produce en el país. Señala así ciertos aspectos vulnerables de la situación, manifiesta su preocupación por algunas cuestiones de vital significación para la vida cultural de la sociedad, advierte riesgos y expresa a la vez, los temores que abriga dados los síntomas que percibe en el malestar social.

 

 

 

 

1. A UN AÑO DE LA NORMALIZACION INSTITUCIONAL

 

Próximos a cumplir un año de la tan ansiada vuelta a la Constitución, los Obispos de la Argentina queremos decir nuestra palabra a los creyentes y a los demás hombres de buena voluntad, en cumplimiento de la misión pastoral de acompañar a nuestro pueblo en su historia.

 

Ayer volcábamos nuestro esfuerzo en favor del restablecimiento del estado de derecho. Lo saben los argentinos y lo han reconocido sus gobernantes, y eso nos basta.

 

Hoy, ya en la normalización institucional, queremos servir a su custodia, consolidación y acrecentamiento, puesto que la democracia fue restablecida por el pueblo argentino, de acuerdo con su honrosa tradición histórica, como un estilo de vida que le permite ejercer la dignidad humana con mayor plenitud.

 

Damos gracias a Dios por haber retornado a la vida democrática y por haberlo hecho en paz. Bendigamos al Señor por los logros obtenidos en este lapso y muy especialmente por la firme voluntad de los argentinos de continuar transitando por el camino elegido para una convivencia política, justa, fraterna y libre.

 

Nuestra intervención es en el nivel de los valores morales que son los más profundos y que orientan la vida y actuación de los hombres. Así compartimos como pastores una tarea que es de todo el pueblo, y que cada ciudadano debe asumir desde su propio puesto, pues con el régimen democrático todos han de considerarse responsables del bien común.

 

 

2. ARDUA TRANSICIÓN

 

Tenemos conciencia de que, así como ha sido sumamente arduo el tránsito a la nueva situación, la consolidación de la democracia está exigiendo una mayor plenitud ética de las personas y grupos sociales.

 

Lo dijimos junto a muchos argentinos: La Nación padece una profunda crisis moral, que requiere el cambio del hombre desde su interior.

 

No bastan remedios superficiales. Ni siquiera son suficientes las más dignas instituciones. Es preciso el cambio del corazón humano, de las actitudes hondas de la conducta, con un esfuerzo lúcido y magnánimo, firme y esperanzado, sostenido con sincera humildad, para ser capaces de corregir errores y orientaciones desacertadas, siempre dentro de la verdad y animados por el amor.

 

Debemos lograr una normalidad ética junto a la normalidad institucional, de la cual es fundamento. La auténtica honra y medida de un pueblo es su grandeza moral.

 

Creemos, sin embargo, que es nuestro deber señalar algunas desviaciones que conspiran en último término contra la vida en democracia.

 

 

3. DIGNIDAD DE LA LEY Y DE LA JUSTICIA

 

Valoramos los esfuerzos comprobados en orden a dar vigencia efectiva a la ley dentro del estado de derecho para la defensa de la justicia y castigo de los delitos. La ley justa, como norma de la vida en sociedad, señala el camino de libertad de los ciudadanos, canaliza su responsabilidad, y, al defender a los más débiles, desprovistos de otro poder, genera un clima de serena seguridad y paz social. Es preciso custodiar la majestad de la ley, especialmente por parte de quienes la hacen o la aplican.

 

En este ámbito, sin embargo, se han producido acontecimientos que han creado un clima de perplejidad, desorientación e inseguridad, por actitudes que no aparecen claramente encuadradas en los límites de la ley.

 

Por último, cabe señalar la importancia de que aparezca con nitidez la igualdad ante la ley, para que nadie tema ser tratado con exclusión de algunos de sus derechos, ni nadie se considere arbitrariamente exento de someterse a ella.

 

 

4. LA FAMA LESIONADA

 

En el pasado reciente hemos sido testigos de dolorosas y graves acciones contra la dignidad de la persona humana. Lamentablemente nos encontrarnos en el presente con situaciones que, en otro nivel, también afectan derechos inalienables de cada hombre.

 

Se quita la fama a muchas personas e instituciones, algunas de ellas fundamentales para la nación. Hemos conocido públicas acusaciones que han circulado por el mundo en una ola de calumnias que no se podrán borrar con los desmentidos posteriores y que han manchado la fama de muchos antes de ser debidamente probada su culpa.

 

Por lo que se refiere a la Iglesia, se ha tocado la imagen de laicos, sacerdotes y Obispos, y hasta la de un representante de la Santa Sede. Aún más, las de ilustres Obispos fallecidos, cuyas figuras son honra de la Argentina.

 

La reiteración de esas injustas acusaciones pareciera pretender a veces obscurecer o negar la presencia de la Iglesia en un campo donde actuó con generosidad y firmeza y, en muchos casos, en silencioso y arriesgado esfuerzo.

 

También manifestamos nuestra particular extrañeza y preocupación por expresiones ofensivas vertidas por algunas autoridades, que empañan la imagen verdadera de la Iglesia.

 

 

5. FUNDADOS TEMORES EN LA EDUCACIÓN

 

La enseñanza en las escuelas, desde sus primeros niveles hasta los superiores en todo el ámbito del País, constituye un motivo de permanente y delicado interés por su importancia para la persona, la familia y la misma sociedad. Mediante la educación se cultivan los valores del bien, de la verdad, y de cuanto se refiera a la formación de la persona humana.

 

Ponderamos la voluntad manifiesta de extender este valioso beneficio a todos los sectores, y al mayor número posible de educandos.

 

Pero no podemos ocultar fundados temores por el hecho de que en este terreno se están programando y desarrollando, desde diversos niveles del Estado de un modo unilateral, orientaciones y líneas que son discutibles o inaceptables.

 

Es indudable que se está sobrepasando la neutralidad, ideologizando contenidos y métodos con signos decididamente materialistas; incluso a la sombra del nombre de la democracia.

 

Es también motivo de preocupación la exclusión de numerosos profesores y funcionarios en los servicios de esta importante área.

 

Todo esto no ayuda al debido ejercicio de un sano y constructivo pluralismo, propio de una democracia que respeta el correcto intercambio de las ideas, para el justo enriquecimiento de la cultura nacional.

 

Por otra parte, cabe decir que la enseñanza privada -que preferimos llamar "pública no oficial", o "libre"- ha sido siempre una expresión fecunda, y una auspiciosa conquista de la democracia frente a los totalitarismos de diverso signo.

 

Y en referencia a la misma, debemos decir que no dejan de ser sintomáticos una sucesión de hechos comprobados; que a la vez que reflejan una clara voluntad adversa, también provocan temores e inhibiciones impropios para el fecundo desenvolvimiento de esta noble actividad, ampliamente garantizada por el derecho, y una aquilatada tradición democrática en nuestro País.

 

De esa manera se entorpece el debido y provechoso funcionamiento, y la confianza, propios y necesarios en una auténtica comunidad educativa.

 

La libertad de enseñanza no es una simple tolerancia estatal; sino un auténtico derecho que debe ser defendido, sostenido y apoyado por el Estado.

 

Por eso es que los aportes del Estado a las escuelas libres, no son dádivas, sino derechos auténticos de las familias, que han querido elegir un modelo propio para la educación de sus hijos.

 

Las dificultades comprobadas, parecen ser fruto de una discriminación ideológica. La enseñanza pública no oficial, acorde con la cultura y la Constitución del País, asegura y facilita el mejor ejercicio de la democracia al brindar con amplitud a todos, oportunidades diversas y válidas para aprender y desarrollarse dentro de la comunidad.

 

Es indudable que esta enseñanza generalmente ha sido para sus promotores, un sacrificio y un riesgo; y para el País un verdadero y reconocido beneficio.

 

No ha sido en manera alguna un elitismo, ya que gran número de sus establecimientos están destinados a las familias de menores recursos.

 

 

6. AUGE DE LA PORNOGRAFÍA

 

En distintas oportunidades, a través de diversos organismos de esta Conferencia Episcopal, nos hemos referido a la creciente pornografía que se va difundiendo en el País de manera alarmante.

 

Hoy volvemos a hacerlo, en cumplimiento de nuestra misión de pastores, porque no se trata de algo superficial, sino de una realidad profunda que afecta a valores substanciales de nuestra existencia personal, familiar y comunitaria.

 

Entendemos por pornografía las manifestaciones que atentan contra el pudor y las buenas costumbres, distorsionando la sexualidad y exaltando su instinto de una manera incontrolada.

 

Al condenarla una vez más, queremos defender y promover en la dignidad humana la verdadera sexualidad; queremos que los niños sean niños, con el candor de su ternura e inocencia; queremos ayudar a los adolescentes en una etapa difícil y decisiva de su vida; deseamos que nuestra juventud se desarrolle sana de cuerpo y de alma; y que la mujer sea debidamente respetada y enaltecida; anhelamos un ambiente sereno y elevado para nuestros hogares, donde la familia se vea fortalecida en sus valores fundamentales; ansiamos, en fin, que todo el País viva en el clima de una ecología moral que lo favorezca e impulse.

 

En el momento actual este mal es tanto más grave cuanto que, junto con la proliferación de imágenes y actitudes obscenas, va penetrando el convencimiento de que en ellas nada hay de malo, con lo cual el daño es mucho mayor y se atenta directamente contra contenidos esenciales de nuestra cultura humana y cristiana. También podría agregarse que el desorden sexual es, en gran medida, generador de violencia dentro de la sociedad y destructor de los más altos ideales, incluso el patriotismo, en los jóvenes.

 

Es muy importante, en toda esta materia, la responsabilidad de los medios de comunicación social, de tanta influencia para el bien cultural y espiritual de la sociedad.

 

Está muy bien que las autoridades correspondientes hayan arbitrado medidas para regular legalmente el lenguaje en medios de comunicación social, para resguardar el buen gusto. Con mucha mayor razón han de encontrarse normas jurídicas para velar por el pudor y la moralidad en dichos medios. Confiamos en que las leyes que se dicten en tal sentido contribuirán decididamente al bien de todo el País. Nos congratulamos por las decisiones tomadas en municipios y provincias en orden a la preservación de la moralidad.

 

Añadimos que observamos con temor y gran dolor la difusión, especialmente entre la juventud, de la droga, y nos alegramos por la intensa campaña realizada por las autoridades competentes para adoctrinar a la población y combatir el tráfico de estupefacientes.

 

En fin, no podemos dejar de señalar que la confluencia de numerosos hechos que afectan a la Iglesia, algunos de los cuales hemos señalado en este mensaje, configuran una oposición a ella, que sorprende por su profundidad y su unidad.

 

 

7. PERSISTENCIA DEL PROBLEMA ECONÓMICO

 

No desconocemos la gravedad, ni tampoco la relación del problema económico con el contexto mundial, con el crítico endeudamiento, con las secuelas de la especulación, de la guerra, del consumismo y de la endémica inflación como son, sus fuertes perjuicios en el costo de la vida y en la producción.

 

Queremos alentar todos los esfuerzos para superar estos males tan dolorosos. Pero creemos que solamente abrirá un horizonte de esperanza una suma de valores morales como la honradez, la austeridad, el renunciamiento, la solidaridad y el espíritu generoso de servicio. Sólo así se podrá recrear un espíritu de trabajo, de producción y participación como en los mejores tiempos del País.

 

La especulación, la avidez de ganancias, el injusto trato a obreros, empleados y profesionales; las grandes dificultades por las que atraviesan numerosos empresarios y la mutiplicidad de reclamos de precios y salarios, tampoco facilitan un feliz ejercicio de los derechos globales que acuerda la democracia.

 

Se hace cada vez más necesaria la paz social para que el trabajo tenga seguridad; pero también el trabajo necesita de la justicia social.

 

No discutimos las decisiones técnicas que se adopten en el orden privado o estatal; sólo pedimos que no se absoluticen por sobre el hombre y sus legítimas necesidades. La convivencia democrática se verá facilitada por la ética y la flexibilización humana en la economía. Cobran actualidad las palabras del Santo Padre en Puebla: "No es el hombre un ser sometido a los procesos económicos o políticos, sino que esos procesos están ordenados al hombre y sometidos a él".

 

El estado de derecho consolidará su justa credibilidad si se logran superar las angustias y la permanente inseguridad de las familias. Asimismo, si bien muchos reclamos son legítimos, sin embargo, una visión realista del País aconseja una prudencia y una sabiduría tales, que eviten desequilibrios mayores, la agudización de conflictos y la agitación social. Los poderes constitucionalmente establecidos necesitan de paz y confianza para conseguir soluciones felices sin que se deban afrontar penosos costos sociales.

 

 

8. EL CASO DEL BEAGLE

 

Acabamos nuestro mensaje con un tema de suma importancia y actualidad para nuestro país, cual es el referido al Tratado concluido por las delegaciones de Argentina y Chile, con la mediación del Santo Padre, para la solución del diferendo por los límites australes.

 

El 8 de agosto del presente año, ante anuncios públicos de una inminente terminación de dichas cuestiones, la Comisión Permanente del Episcopado dio a conocer un comunicado, que ahora ratificamos y cuyos principales contenidos orientadores transcribimos:

 

a) "El litigio limítrofe con la República de Chile, que estuvo a punto de enfrentar pueblos hermanos en guerra fratricida, no puede seguir indefinidamente sin solución, puesto que los gobiernos de ambos países libremente pidieron al Santo Padre su mediación para evitar una guerra entonces inminente".

 

b) "S.S. Juan Pablo II, con un gesto en el que puso de manifiesto su corazón de pastor y su particular afecto por nuestro pueblo, aceptó la difícil misión, no obstante los riesgos que en el orden humano esto le acarreaba. Su audacia evangélica impidió un enfrentamiento bélico de imprevisibles consecuencias. Los argentinos conocemos ya los amargos frutos de la guerra. Quizá ello nos permita hoy medir mejor la trascendencia de aquella intervención papal".

 

c) "Si bien la propuesta presentada por el Santo Padre, a pedido de las partes y especialmente de la Argentina, en ayuda a la decisión responsable de los dos gobiernos, no tiene relación necesaria con la fe católica y, por tanto, cada cristiano es libre en su opción temporal, no debe soslayarse tampoco la seriedad e idoneidad del Romano Pontífice, que obliga a considerar con profundidad su propuesta"... "Una solución definitiva al secular diferendo entre la Argentina y Chile sería un ejemplo alentador para el mundo dividido por las guerras; la firma de un tratado demostraría la posibilidad de llegar, a través de las negociaciones, al encuentro entre los pueblos y la obtención del inestimable don de la paz, condición necesaria para la justicia y la prosperidad de las naciones".

 

Posteriormente a esta declaración se ha conocido el texto del Tratado elaborado por las delegaciones de Argentina y Chile bajo la guía mediadora de la delegación pontificia.

 

Este Tratado es el resultado de un largo trabajo de ambas delegaciones durante el cual la Santa Sede, cumpliendo con su propia misión pastoral y atendiendo a una solución justa, equitativa y honorable, ha buscado siempre el verdadero bien y la concordia de ambas naciones.

 

En el estudio y consideración de este Tratado, es necesario asumir una actitud de serena reflexión y de personal responsabilidad que, por encima de todo interés político partidario, mire al bien común de la Patria y de las relaciones fraternales entre dos pueblos latinoamericanos de profunda y antigua tradición católica.

 

Agradecemos una vez más al Santo Padre su valiosa mediación que ha permitido a los gobiernos de Argentina y Chile elaborar este Tratado.

 

 

9. CERTEZA DE NUESTRA ESPERANZA

 

El estado de derecho ha puesto los destinos de la Nación en manos de todos los argentinos. Todos, pues, somos responsables de su consolidación y crecimiento. Construyamos todos la Nación.

 

La Iglesia cree en el futuro de la Argentina y de América Latina, porque conoce el poder y el amor de Dios y porque confía en la sabiduría y en la libertad del hombre, y en los valores cristianos que enriquecen el corazón de nuestro pueblo.

 

En el Año Eucarístico que acabamos de clausurar con la presencia venerada del Legado Pontificio, Cristo peregrino ha visitado los hogares argentinos sembrando la fuerza y la luz del Evangelio.

 

Pedimos al Señor que, con el poder de la Eucaristía, arranque de nosotros los sentimientos de egoísmo e indiferencia y suscite el sincero respeto y al capacidad de diálogo, la comprensión mutua, la fidelidad y el amor fraterno.

 

A este pueblo que peregrina a Luján en búsqueda de gracia y de paz lo encomendamos a María Santísima, porque Ella aprendió de su Hijo Jesús a sostener a los hombres en la fe, la esperanza y el amor.

 

XLIX Asamblea Plenaria

San Miguel, 10 de noviembre de 1984