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LOS CRISTIANOS ANTE LAS ELECCIONES

Comisión Episcopal de Pastoral Social

Desde el Pontificado de León XIII (1878-1903), el magisterio de la Iglesia se esfuerza por desarrollar las enseñanzas sociales y cívicas derivadas del Evangelio, en momentos en que la modernidad avanza hacia formas políticas democráticas y el orden social hacia una mayor participación protagónica de los ciudadanos. Consciente de esas enseñanzas el episcopado argentino, a partir de la primera década de este siglo, se ocupa de hacer públicas esas enseñanzas en lo que tienen de relación con la vida cívica y social del país. Desde entonces y de manera ininterrumpida el episcopado ha reiterado esa actitud docente frente a cada nuevo suceso de carácter social, económico, político o cívico de la comunidad nacional. El conjunto de esas enseñanzas derivadas del magisterio ha permitido que un laico resuma las más recientes, las ordene y clasifique por temas, abarcando numerosos e importantes cuestiones. La Comisión Episcopal de Pastoral Social ha respaldado con su autorización esta recopilación y recomienda su estudio y difusión en preparación de las próximas elecciones nacionales.

Enseñanzas de la Iglesia sobre la participación

en la actividad política

PRESENTACIÓN

La Comisión Episcopal de Pastoral Social ha juzgado particularmente útil para la formación de la conciencia cívica de los fieles, este trabajo realizado por Juan Esteban Ezcurra titulado: "Los cristianos ante las elecciones. Enseñanzas de la Iglesia sobre la participación en la actividad política".

Nuestro país ha entrado con fuerza en un período preelectoral en orden a la renovaci6n de las más altas autoridades del poder ejecutivo, y parte del poder legislativo. La lucha política, el debate público y por fin las opciones electorales, requieren en el católico un conocimiento cabal del Magisterio de la Iglesia, que en el orden universal y en distintas Iglesias particulares, y más en concreto en nuestra patria, ha producido documentos iluminadores; el conocimiento de ellos permitirá enriquecer la acción cívica, a la que los cristianos están llamados, y ante la cual no pueden permanecer indiferentes.

La presente publicación permite conocer, en apretada síntesis, el pensamiento de la Jerarquía acerca de los temas centrales que encierra el concepto moderno de política.

El católico laico alcanza su plena especificidad en el ordenamiento de lo temporal conforme al plan de Dios.

Una lectura atenta de esta obra le permitirá cumplir más plena y conscientemente con este grave deber.

Por eso esta Comisión Episcopal ha recomendado su publicación de la que espera abundante fruto.

+ Justo 0. Laguna

Presidente de la

Comisión Episcopal

de Pastoral Social

INTRODUCCIÓN

El país vive una etapa de intensa actividad política con motivo de la renovación de las más altas autoridades nacionales, lo que plantea a los fieles cristianos la necesidad de pronunciarse como ciudadanos por alguno de los candidatos propuestos por los partidos.

Tal como lo han señalado los obispos argentinos, la participación en las elecciones es un deber cívico y por lo tanto moral; no cumplirlo sería renunciar a derechos propios y faltar a obligaciones frente a los conciudadanos que esperan ser sostenidos y defendidos por los demás (CR 14).

Consideramos útil entonces recordar lo que ha dicho la Iglesia en los últimos años sobre la participación de los cristianos en los procesos electorales y cuanto ellos entrañan, a través de palabras del Santo Padre, de documentos del Concilio Vaticano II, de algunos episcopados de América Latina y especialmente, del Episcopado Argentino.

Este trabajo sólo pretende ofrecer en forma ordenada las enseñanzas de la Iglesia sobre estas cuestiones, para que sea más fácil el acceso a ellas en conjunto. Los obispos argentinos se han pronunciado en forma amplia sobre algunos temas concretos en documentos especiales: sobre la democracia, por ejemplo, en “Democracia, responsabilidad y esperanza”; sobre los criterios que deben orientar la opción política del laico, en “Principios de orientación cívica para los cristianos”; o sobre e1 diálogo, en “Evangelio, diálogo y sociedad”, cuyas ideas aparecen aquí reunidas con las expuestas en otros documentos que, al ser presentados en conjunto brindan un panorama de toda la problemática electoral.

A partir de la obligación del laico cristiano de participar, se encontrarán en las páginas que siguen las enseñanzas acerca de cómo, y en qué casos puede la Iglesia actuar en política, cuántas clases de política distingue, cuál es el objetivo básico de esta actividad y cuáles las obligaciones de los cristianos, así como también qué entiende la Iglesia por democracias y cuáles son sus puntos de vista acerca de los partidos políticos, sus plataformas electorales, la elección de candidatos, las campañas partidarias, el voto, los requisitos de un acto electoral correcto y democráticamente aceptable y finalmente, cual debe ser la actitud de los cristianos ante el resultado de las elecciones. Es decir, los temas que los fieles deberán considerar como ciudadanos en las distintas instancias de la actividad electoral.

Juan Esteban Ezcurra

VALE LA PENA COMPROMETERSE...

"Puesto que Dios se ha hecho hombre y ha querido insertarse en nuestra historia, afirma Juan Pablo II, podemos deducir con toda lógica que Dios quiere la historia humana, la ama, la estima, la guía, la eleva, la salva.

En el designio creador y redentor de Dios está esta historia nuestra, a veces dramática y llena de contrastes, y, sin embargo, sostenida siempre por la omnipotencia y omnisciencia del Altísimo. De esta verdad brota la "teología de las realidades terrenas": éstas se revelan en su pleno valor objetivo y universal a la luz de la razón y de la Revelación.

La tragedia de la sociedad moderna está precisamente en la pérdida del significado trascendente y eterno del hombre y, por consiguiente, de las realidades terrenas. De este modo, el hombre corre el riesgo de convertirse en un ser sin rumbo, sin significado. Detrás de él no habría nada; delante de él tampoco. El sentido de su existencia estaría en función únicamente de la existencia misma. Se hace entonces dolorosamente lógico el pulular de proyectos de vida insuficientes, desesperados, contradictorios, carentes de apertura a lo trascendente.

Por el contrario, a la luz de la Encarnación de Dios, las realidades terrenas no sólo asumen su significado de "medios" para el fin, que trasciende al hombre y la historia, sino que desencadenan también una fuerza de atracción, en virtud de lo cual vale la pena comprometerse en todos los sectores de la vida social y familiar, no obstante las dificultades e incluso las derrotas.

La "teología de las realidades terrenas" desemboca por eso en la "teología de la política", la cual no debe ser solamente -como suele decir- el arte de lo posible, sino que debe entenderse más bien como ciencia y arte del servicio, precisamente porque Dios, queriendo la historia humana, quiere también la sociedad, cuya coordinación confía a la autoridad, en vistas a la consecución del bien común natural y sobrenatural. Por tanto, el hacer política en todos los sectores significa amar a la "persona humana" y gastar tiempo, inteligencia y esfuerzo para salir al encuentro de sus necesidades" (Juan Pablo II, discurso al Consejo de la Junta Regional del Lacio Italia, 6.2.1988. OR 21.2.88, pág. 10).

1. LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD POLÍTICA

1. La Iglesia, que en razón de su misión y de su competencia no se confunde en manera alguna con la comunidad política ni está ligada a ningún sistema político determinado, es, a la vez, señal y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana (GS 76).

2. La comunidad política y la Iglesia son, en sus propios campos, independientes y autónomas la una respecto de la otra. Pero las dos, aún con diverso título, están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres. Este servicio lo prestarán con tanta mayor eficacia cuando ambas sociedades mantengan entre sí una sana colaboración, con atención a las circunstancias de lugares y tiempos (GS 76).

3. Dos conceptos de política. Deben distinguirse dos conceptos de política y de compromiso político: primero, la política en su sentido más amplio que mira al bien común, tanto en lo nacional como en lo internacional. Le corresponde precisar los valores fundamentales de toda comunidad -la concordia interior y la seguridad exterior- conciliando la igualdad con la libertad, la autoridad pública con la legítima autonomía y participación de las personas y grupos, la soberanía nacional con la convivencia y solidaridad internacional. Define también los medios y la ética de las relaciones sociales. En este sentido amplio, la política interesa a la Iglesia y, por tanto a sus pastores, ministros de la unidad. Es una forma de dar culto al único Dios, desacralizando y a la vez consagrando el mundo a Él (Pb 521).

4. La Iglesia contribuye así a promover los valores que deben inspirar la política, interpretando en cada nación las aspiraciones de sus pueblos, especialmente los anhelos de aquellos que una sociedad tiende a marginar. Lo hace mediante su testimonio, su enseñanza y su multiforme acción pastoral (Pb 522).

5. Segundo: La realización concreta de esta tarea política fundamental se hace normalmente a través de grupos de ciudadanos que se proponen conseguir y ejercer el poder político para resolver las cuestiones económicas, políticas y sociales según sus propios criterios o ideologías. En este sentido se puede hablar de "política de partido". Las ideologías elaboradas por esos grupos, aunque se inspiren en la doctrina cristiana, pueden llegar a diferentes conclusiones. Por eso, ningún partido político por más inspirado que esté en la doctrina de la Iglesia, puede arrogarse la representación de todos los fieles, ya que su programa concreto no podrá tener nunca valor absoluto para todos (DIP Pb 523).

6. Misión de la Iglesia. ...la Iglesia, fundada en el amor del Redentor, contribuye a que dentro de los límites de la nación y entre unas naciones y otras, se extienda más vigorosa la justicia y la caridad. En efecto, predicando el Evangelio e ilustrando todos los sectores de la actividad humana con la luz de su doctrina y el testimonio de los cristianos, respeta y promueve también la libertad política y la responsabilidad de los ciudadanos (GS 76).

7. La Iglesia, como Madre y Maestra, experta en humanidad, debe discernir e iluminar, desde el Evangelio y su enseñanza social, las situaciones, los sistemas, las ideologías y la vida política del continente. Debe hacerlo aún sabiendo que se intenta instrumentalizar su mensaje (Pb 51l).

8. Por eso proyecta la luz de su palabra sobre la política y las ideologías pomo un servicio más. a sus pueblos y como guía orientadora y segura para cuantos de un modo u otro, deben asumir responsabilidades sociales (Pb 512).

9. La fe cristiana no desprecia la actividad política; por el contrario, la valoriza y la tiene en alta estima (Pb 514).

10. La Iglesia -en general, sin distinguir el papel que compete a sus diversos miembros- siente como su deber y derecho estar presente en este campo de la realidad: porque el cristianismo debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluida la dimensión política. Critica por esto a quienes tienden a reducir el espacio de la fe a la vida personal o familiar, excluyendo el orden profesional, económico, social y político como si el pecado, el amor, la oración y el perdón no tuvieran allí relevancia (Pb 515).

11. Responsabilidad de los fieles. Es de gran importancia, sobre todo donde está en vigor la sociedad pluralística, tener un concepto exacto de la relación entre la comunidad política y la Iglesia, para distinguir claramente entre las responsabilidades que los fieles, ya individualmente considera dos, ya asociados, asumen, de acuerdo con su conciencia cristiana en nombre propio, en cuanto ciudadanos, y los actos que ponen en nombre de la Iglesia y de su misión divina en comunión con sus pastores (GS 76).

12. La carencia de una conciencia política en nuestros países hace imprescindible la acción educadora de la Iglesia, con objeto de que los cristianos consideren su participación en la vida política de la nación como un deber de conciencia y como el ejercicio de la caridad, en su sentido mas noble y eficaz para la vida de la comunidad (Md Promoción humana y justicia 16).

13. Riesgos de instrumentalización del mensaje cristiano.

Como se ha señalado ya (7) ... la Iglesia debe discernir e iluminar, desde el Evangelio y su enseñanza social, las situaciones, los sistemas, las ideologías y la vida política del continente. Debe hacerlo aún sabiendo que se intenta instrumentalizar su mensaje.

14. Las ideologías y los partidos, al proponer una visión absolutizada del hombre a la que someten todo, incluso el mismo pensamiento humano, tratan de utilizar a la Iglesia o de quitarle su legítima independencia. Esta instrumentalización, que es siempre un riesgo en la vida política, puede provenir de los propios cristianos y aún de sacerdotes y religiosos, cuando anuncian un Evangelio sin incidencias económicas, sociales, culturales y políticas. En la práctica esta mutilación equivale a cierta colusión -aunque inconsciente- con el orden establecido (Pb 558).

15. La tentación de otros grupos, por el contrario, es considerar una política determinada como la primera urgencia, como una condición previa para que la Iglesia pueda cumplir su misión. Es identificar el mensaje cristiano con una ideología y someterlo a ella, invitando a una "relectura" del Evangelio a partir de una opción política. Ahora bien, es preciso leer lo político a partir del Evangelio y no al contrario (Pb 559).

16. El integrismo. El integrismo tradicional espera el Reino, ante todo, del retroceso de la historia hacia la reconstrucción de una cristiandad en el sentido medieval: alianza estrecha entre el poder civil y el poder eclesiástico (Pb 560).

17. Los grupos radicalizados. La radicalización de grupos opuestos cae en la misma trampa esperando el Reino de una alianza estratégica de la Iglesia con el marxismo, excluyendo cualquier otra alternativa. No se trata para ellos solamente de ser marxistas sino de ser marxistas en nombre de la fe (Pb 561).

18. Participación de los pastores. Los pastores... puesto que deben ocuparse de la unidad, se despojarán de toda ideología político-partidista que pueda condicionar sus criterios y actitudes. Tendrán así, libertad para evangelizar lo político como Cristo, desde un Evangelio sin partidismo ni ideologizaciones (Pb 526).

19. Los sacerdotes. Los sacerdotes, también ministros de la unidad y los diáconos deberán someterse a idéntica renuncia personal. Si militaran en política partidista correrían el riesgo de absolutizarla y radicalizar, dada su vocación a ser "los hombres de lo absoluto". ". . militar activamente en un partido político, es algo que debe excluir cualquier presbítero a no ser que en circunstancias concretas y excepcionales, lo exija realmente el bien de la comunidad, obteniendo el consentimiento del Obispo, consultado el Consejo Presbiteral y -si el caso lo requiere- también la Conferencia Episcopal" (Sínodo 1971, Il parte, 2B). Ciertamente, la tendencia actual. de la Iglesia no va en este sentido (Pb 52

20. Los religiosos. Los religiosos, por su forma de seguir a Cristo, según la función peculiar que les cabe dentro de la misión de la Iglesia, de acuerdo con su carisma específico, también cooperan en la evangelización de lo político. ...los religiosos tienen que ser testigos de una real austeridad de vida, de comunión con los hombres y de intensa relación con Dios. Deberán, pues, resistir, igualmente, a la tentación de comprometerse en política partidista, para no provocar la confusión de los valores evangélicos con una ideología determinada (Pb 528).

21. Participación de los laicos. El sentido más amplio y profundo de la participación del hombre en la vida de una nación políticamente organizada, se traduce en la soberanía del pueblo que, según el lenguaje de la Iglesia, consiste en el derecho del mismo a ser artífice de su propio destino y "soberano de su propia suerte" (GS 73, ICN 104).

22. Este sentido no llega a realizarse si, en vez del ejercicio del poder mediante la participación moral de la sociedad o del pueblo, asistimos a la imposición del poder por parte de un determinado grupo a todos los demás miembros de la sociedad. Estas cosas son esenciales en nuestra época, en que ha crecido enormemente la conciencia social de los hombres y con ella la necesidad de una correcta participación de los ciudadanos en la vida política de la comunidad, teniendo en cuenta las condiciones de cada pueblo y del vigor necesario de la autoridad pública (RH 17, ICN 107).

23. Necesidad de un orden jurídico positivo. ... la doctrina social de la Iglesia considera perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan estructuras jurídico-políticas que ofrezcan... posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en el establecimiento de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública. . . y en la elección de los gobernantes. . . Para que la cooperación ciudadana responsable pueda lograr resultados felices... es necesario un orden jurídico-positivo que establezca la adecuada división de las funciones institucionales de la autoridad política, así como también la protección eficaz o independiente de los derechos (GS 75, ICN 116).

II. CRITERIOS QUE DEBEN INSPIRAR LA ACTIVIDAD

DE LOS LAICOS

24. Todos los cristianos sientan su vocación particular y propia en la comunidad política, que les obliga a dar ejemplo, desarrollando en sí mismos el sentido de responsabilidad y de consagración al bien común; de modo que muestren con los mismos hechos como pueden armonizarse autoridad y libertad, iniciativa personal y solidaridad con el cuerpo social, las ventajas de la unidad y las de la diversidad. En la ordenación de lo temporal sepan reconocer la legítima pluralidad de opiniones discrepantes y respeten, por consiguiente, a los ciudadanos que, aún como grupo, defiendan su manera de ver (GS 75).

25. Enseñanza social de la Iglesia y contribución de los pastores. El laico encuentra en la enseñanza social de la Iglesia los criterios adecuados, a la luz de la visión cristiana del hombre. Por su parte, la jerarquía le otorgará su solidaridad, favoreciendo su formación y su vida espiritual y estimulándolo en su creatividad para que busque opciones cada vez más conformes con el bien común y las necesidades de los más débiles (Pb 525).

26. El documento del Episcopado Argentino "Principios de orientación cívica para los cristianos" (22.10.82) enumera, en el capítulo "Criterios que orientan la acción temporal del laico cristiano", los principios básicos que deben guiar su opción temporal, mencionando, en primer lugar, la necesidad de conocer profundamente la enseñanza o doctrina social de la Iglesia (POCC 1 / 17).

27. Libertad de opciones. Los cristianos gozan de plena libertad en sus opciones políticas, sin más limitaciones que aquellas que derivan de la concepción cristiana del hombre y de la sociedad, en virtud de la cual no pueden apoyar ni promover programas políticos ni proyectos de sociedad que no afirmen ni respeten la dignidad y los derechos de toda persona humana y los valores en que se sustentan, especialmente los de libertad, responsabilidad y apertura a lo espiritual que garantizan el desarrollo integral del hombre (CEP OR 14.4.85).

28. Límites y obstáculos de la acción política. El cristiano que asume una opción política como un compromiso evangelizador y como una forma eminente del ejercicio de la caridad, debe tener una clara visión de los límites y de los obstáculos necesariamente presentes en el ejercicio de la acción política. El poder político puede ser una de las idolatrías que tientan al hombre contemporáneo y puede, también, si se ejerce abusivamente, dañar la dignidad humana. No cabe hacer de él algo absoluto, ni concebirlo como un fin en sí mismo. Por el contrario, el compromiso cristiano debe ser vivido como una opción en favor de la vida y de la promoción humana y social de toda la comunidad nacional. En este marco, el poder es un servicio al pueblo, que exige humildad y una actitud autocrítica permanente en quienes lo ejercen o se preparan para su ejercicio (POCC 2).

29. El primer deber: promoción del hombre. El primer deber de los cristianos en la acción política es la promoción del hombre y la custodia de sus derechos fundamentales. Nuestra fe, que nos lleva a concebirlo como creado "a imagen y semejanza de Dios", contiene una exigente defensa de la dignidad y de los derechos de la persona humana, la preservación de su libertad y la celosa custodia del valor de la vida (POCC 3).

30. Defensa de la vida. La vida humana, desde su iniciación hasta su fin natural, ha de ser defendida y preservada (POCC 3).

31. Por lo tanto, para todo hombre de recta conciencia, el aborto voluntario es un crimen de particular malicia, decidido por quienes, en el plan de Dios, han de custodiar y defender la vida inocente ya iniciada. Luchar contra su práctica, que lamentablemente se va extendiendo, es una forma fundamental de afirmar el derecho a la vida (POCC 3).

32. Promoción del bien común. La promoción del bien común, entendido como el bien de la persona, de las familias y de los diversos grupos que constituyen la sociedad civil, es la principal finalidad de la acción política, y a su valoración, desarrollo y extensión debe comprometerse el cristiano (POCC 5).

33. Opción preferencial por los pobres. La opción por los pobres, los débiles, los enfermos, los discapacitados, que define con tanta claridad el Documento de Puebla, debe ser un móvil determinante del compromiso político cristiano. Sin una política que privilegie la promoción humana, la lucha contra la extrema pobreza y la desocupación, y la asistencia preferencial a los ancianos, a la minoridad abandonada, a las familias necesitadas, a los enfermos crónicos, a los grupos aborígenes y criollos carentes de educación fundamental, a los discapacitados, a los inmigrantes, especialmente de países vecinos, no hay bien común (POCC 6).

34. El estado de derecho. Se ha de valorar el estado de derecho como marco natural para el ordenamiento de la vida social. La ley justa dictada por el Congreso y la autoridad legítima que detentan los órganos establecidos por la Constitución, obligan en conciencia a los ciudadanos (POCC 7).

35. Valoración del trabajo humano. En la defensa de la dignidad humana, el bien común y la justicia social, los cristianos en su opción política deben promover la valoración del trabajo humano y su primacía por sobre el capital, la técnica y aún las estrategias económicas, que deben estar colocadas al servicio del hombre, como sujeto de la actividad laboral (POCC 8).

36. En el centro de la cuestión social, como lo define Laborem Excercens, está la dignidad del trabajador, la exigencia de una justa retribución y condiciones personalizantes del trabajo. Como lo señala la doctrina social de la Iglesia en diversos documentos, el hombre no puede ser reducido a un mero factor de producción o de consumo, como lo pretende el materialismo práctico de algunas formas del capitalismo liberal o el materialismo teórico-práctico que define el estatismo colectivista del marxismo leninismo (POCC 8).

37. Derechos inalienables de la familia. El laico cristiano en su opción temporal, debe luchar por la preservación de los derechos inalienables de la familia, célula vital de la sociedad, cuya existencia precede a la del Estado. Esto implica el rechazo del divorcio vincular y de todo aquello que atente contra la unidad y permanencia del núcleo familiar (POCC 9).

38. También se ha de procurar que los medios de comunicación social no sean utilizados como vehículos de antivalores debilitantes de la integridad de la familia (cfr ICN 37) (POCC 9).

39. Por otra parte, la familia debe ser promovida en el marco de una política social del Estado que favorezca con medidas adecuadas el derecho del hombre a fundar una familia, asegurarle condiciones socioeconómicas y ambientales adecuadas para su desarrollo, así como también prestar servicios asistenciales que la consoliden en el cumplimiento de su relevante función social (POCC 9).

40. Igualdad de oportunidades en educación. En materia de educación, el laico cristiano comprometido políticamente debe trabajar en pro de la igualdad de oportunidades, lo que exige contar con las estructuras adecuadas que garanticen a todos los niños y jóvenes el acceso a la educación elemental y media, combatiendo el analfabetismo, la deserción escolar y todo aquello que obstaculice este derecho fundamental (POCC 10).

41. Libertad de enseñanza. De la misma manera es necesario asegurar la plena libertad de enseñanza, que pasa tanto por el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos, incluida la educación religiosa, como por los contenidos educativos para que estén centrados en una concepción integral de la formación. Por cuanto en definitiva lo que debe perseguir la educación es "humanizar y personalizar al hombre" (POCC 10).

42. Desarrollo económico. En el campo económico-social, donde la crisis ha asumido proporciones dramáticas, con sus profundas consecuencias de quiebra productiva y frustración humana, los laicos que opten políticamente deben proyectar su capacidad creadora y técnica en la búsqueda de una transformación que asegure un desarrollo económico sostenido, así como también la participación del pueblo en los beneficios del desarrollo. En este punto no caben las dogmáticas adhesiones a escuelas o sistemas económicos, que no aseguren trabajo, bienestar y calidad de vida digna a todos los hombres y a todas las regiones del país (POCC 1 l).

43. Las políticas que se adopten deben mirar, en primer lugar, a la atención de las necesidades sociales básicas y la promoción de las regiones y grupos sociales marginados. Un sistema económico que no procure justicia, pan, trabajo y libertad al conjunto de los argentinos "es nocivo, está en el error y va contra el hombre" (cfr Juan Pablo 11, discurso en Nowa Huta, Polonia) (POCC 1 l).

44. La tentación de la violencia y la radicalización política. El asesinato, la tortura física y moral, las acciones terroristas, los secuestros, las desapariciones físicas, la carrera armamentista, constituyen formas que injurian la vida y la persona humana, en la que Dios mismo es escarnecido e injuriado (POCC 3).

45. En síntesis, salvado el principio de la legítima defensa, se ha de llevar al plano político concreto el precepto bíblico: No matar ni herir la vida del hermano (POCC 3).

46. La tentación de la violencia y la llamada "radicalización política" so pretexto de un compromiso con la justicia y la liberación, es una de las tensiones que pueden desviar a los ciudadanos de una recta opción política (POCC 12).

47. Los cristianos no pueden ser indiferentes ante la violencia. Los fieles laicos no pueden permanecer indiferentes, extraños o perezosos ante todo lo que es negación o puesta en peligro de la paz: violencia y guerra, tortura y terrorismo, campos de concentración, militarización de la política, carrera de armamentos, amenaza nuclear. Al contrario, como discípulos de Jesucristo 'Príncipe de la paz" (ls. 9,5) y "Nuestra paz" (Ef. 2,14), los fieles laicos han de asumir la tarea de ser "sembradores de paz" (Mt. 5,9), tanto mediante la conversión del corazón, como mediante la acción en favor de la verdad, de la libertad, de la justicia y de la caridad, que son los fundamentos irrenunciables de la paz (CHL 42).

48. La violencia no es eficiente para solucionar los graves problemas argentinos. La violencia no es evangélica ni humana, ni tampoco eficiente para la solución de los graves problemas argentinos. Cuando el país se dejó arrastrar por la espiral de la violencia, lo único que sobrevino fue dolor y muerte. Por eso hoy, conscientes de la persistencia de heridas no cerradas en la comunidad nacional con su secuela de secuestros, asesinatos, torturas, desapariciones, terrorismo y frustración humana, hacemos una clara y dramática advertencia. El único camino para la acción política de los argentinos es la exclusión total de la violencia y de toda dialéctica negadora de la fraternidad humana. Los cambios sociales necesarios deben ser logrados mediante el diálogo sincero y los legítimos métodos de acción, en el marco de las estructuras naturales de la sociedad, en lo que se hace posible la participación popular (POCC 12).

49. La soberbia del poder y la corrupción. Otra desviación posible, a la que es proclive la vida pública, es la soberbia del poder y la corrupci6n. El hombre, en su acción política, debe estar siempre atento para impedir que el movimiento que integra, pueda desviarse de la búsqueda del bien común para caer en la defensa de intereses mezquinos, particularmente egoístas, ambiciones ilegítimas o corrupción económica (POCC 13). ,

50. El ciudadano ha de denunciar todas las formas de corrupción y no ha de transigir con forma alguna de venalidad, latrocinio o abuso de poder o autoridad (POCC 13).

51. Función evangelizadora del ciudadano cristiano. En su compromiso político, el cristiano que asuma, como lo requiere la grave situación argentina, una militancia de partido debe recordar su rol evangelizador. Lo que supone, en los criterios y las actitudes, ser constructor de la esperanza, promotor de la fe y los valores que conforman nuestra identidad cultural, agente de la reconciliación y un fervoroso apóstol de la paz (POCC 14).

52. Trabajar por la reconciliación y la paz, es un presupuesto necesario en la opción política de todos los argentinos. Requiere comprometerse seriamente en la búsqueda de la verdad, la justicia y el amor, como camino para superar los actuales conflictos de nuestra sociedad y cerrar las dolorosas secuelas de la "guerra sucia" y la corrupción. Pero requiere también luchar en favor de un proyecto auténticamente solidario y liberador, que pasa por la integración de América Latina y la búsqueda de soluciones pacíficas a nuestros problemas limítrofes, especialmente con nuestros hermanos chilenos (POCC 15).

53. Respeto por los adversarios. La militancia política en un partido implica, frente a los adversarios políticos, una actitud de respeto mutuo, que signifique una valoración de la amistad cívica (POCC 16).

54. Debemos recordar que la búsqueda de la eliminación del enemigo y la negación del pluralismo es uno de los males que definen el origen de nuestra crisis nacional (POCC 16).

55. No es lícito ni el indiferentismo ni la abstención. A nuestros fieles les recordamos, cualquiera sea su grado de participación política, que no es lícito el indiferentismo ni la abstención, y que deben por tanto optar entre aquellos partidos:

a. que protejan la vida en toda su extensión, desde el inicio de la concepción en el vientre materno hasta la muerte;

b. que descarten toda violencia en la consecución de sus fines, que valoren la paz como bien supremo, don y tarea, al que han de dirigir mancomunadamente sus esfuerzos;

c. que protejan la libertad, en primer lugar la libertad religiosa, que permite al hombre su relación con el Creador, siendo el valor religioso integrante fundamental del bien común;

d. que valoren la familia, defendiendo sus derechos e integridad, rechazando el divorcio y todo lo que daña su unidad y estabilidad;

e. que defiendan la primacía del hombre en toda la actividad económico-social, y tengan una clara valoración del trabajo humano como clave de la cuestión social (LE);

f. que sostengan la legítima lucha por la justicia en todos los órdenes de la vida, así como la recta distribución de los recursos materiales y espirituales;

g. que promuevan el acceso a la educación como derecho para todos y la libertad de enseñanza que permite a cada familia elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos, incluyendo la formación religiosa (POCC 17).

III. EL BIEN COMÚN: OBJETIVO BÁSICO

56. De la índole social del hombre se sigue con claridad que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados (GS 25).

57. De esta interdependencia, cada día más estrecha, que se va extendiendo poco a poco a todo el mundo, se sigue que el bien común -es decir, esa suma de condiciones de la vida social que permiten alcanzar a los individuos y a las colectividades su propia perfección más plena y fácilmente- se hace hoy cada vez más universal e implica, como consecuencia, una serie de derechos y deberes que afectan a todo el género humano (GS 26).

58. Las personas, las familias y los diversos grupos que constituyen la sociedad civil, insuficientes por sí solos para lograr un nivel de vida más plenamente humano, necesitan reunirse a fin de cooperar en el logro de un bien común más universal que el que les brindan el grupo familiar y otros grupos intermedios. Surge así el Estado, el cual, como comunidad política y como autoridad, encuentra su finalidad en la prosecución del bien común, de la cual deriva su derecho propio primigenio (ICN 86).

59. El bien común es, en definitiva, el bien de las personas. Por lo cual el criterio para definirlo es la persona misma, es decir, la propia perfección o realización integral de la persona humana (ICN 87).

60. Posibilidad de que todos accedan a los bienes materiales y espirituales. El bien común no consiste en la mera existencia de bienes exteriores y objetivos, sean de orden material, como las riquezas, sean de orden espiritual, como las instituciones culturales y educativas; el bien común estriba en la posibilidad de tener acceso a dichos bienes e instituciones por parte de todos los miembros de la comunidad, ya que es inherente a las personas mismas. A la mera existencia de bienes exteriores y objetivos, añade un elemento de carácter organizativo, esto es, un ordenamiento de la sociedad que permita efectivamente el disfrute de dichos bienes por parte de todos los miembros (ICN 88).

61. Esto muestra también que el bien común no puede confundirse con el orden externo, por más importante que éste sea. "El orden social y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden de las cosas", en el que se comprenden las instituciones, "debe someterse al orden personal y no al contrario" (GS 26). No se lograría el bien común sólo con el orden externo y un perfecto funcionamiento de las instituciones y su progreso, a costa del bien de las personas, ello significaría invertir gravemente aquellos órdenes. Tampoco se puede confundir el bien común con el bien de los organismos de la autoridad pública, y mucho menos con sus riquezas. Sólo pasa a ser bien común lo que es participado por el pueblo (ICN 89).

62. Una política para la persona y para la sociedad. Una política para la persona y para la sociedad encuentra su criterio básico en la consecución del bien común, como bien de todos los hombres y de todo el hombre, correctamente ofrecido y garantizado a la libre y responsable aceptación de las personas individualmente o asociadas. 'La comunidad política -leemos en la Constitución Gaudium et Spes- existe precisamente en función de ese bien común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido, y del que deriva su legitimidad primigenia y propia" (CHL 42).

63. Promoción de la justicia entendida como virtud. ...una política para la persona y para la sociedad encuentra su rumbo constante de camino en la defensa y promoción de la justicia, entendida como virtud a la que todos deben ser educados, y como fuerza moral que sostiene el empeño por favorecer los derechos y deberes de todos y cada uno, sobre la base de la dignidad personal del ser humano (CHL, 42).

64. Necesidad de recíprocas comunicaciones entre los miembros de la nación. El bien común es un deber que incumbe a todos los ciudadanos, quienes, si bien libres, no pueden usar su libertad de forma arbitraria o puramente egoísta. La libertad no es para que cada individuo se complazca en el goce privado de usarla solamente en provecho de su propio bien particular (ICN 90).

65. Quien quiera vivir como miembro de una Nación, además de saber que el esfuerzo material y cultural de los demás es necesario para su propio perfeccionamiento particular, ha de tener conciencia de que también su propio perfeccionamiento individual incide en el bien de los demás (ICN 90).

66. Consciente de participar de un bien común que le brinda la comunidad, ha de tener el compromiso y la lealtad de hacer a todos los demás partícipes de su propia autorrealización personal, compartiendo con ellos o poniendo a su servicio el propio bien particular (ICN 90).

67. Una comunidad, una nación, en efecto, se construye a través de este tejido de recíprocas comunicaciones entre los miembros de la misma, lo cual constituye el bien común en su sentido más profundo, propio y cabal (ICN 90).

68. El Estado, al servicio del bien común de las personas... el Estado surge de los hombres, las familias y los diversos grupos, en cuanto se reúnen para cooperar en la realización del bien común, es decir, para defender sus propios derechos, de los que ni la comunidad política ni la autoridad del Estado son fuente, sino custodio. Mientras las personas, al reunirse en la comunidad política, se ponen al servicio del bien común de todos, el Estado está al servicio del bien común de las personas (ICN 92).

69. Función de la autoridad en el Estado. ...la función de la autoridad en el Estado es esencialmente jurídica, esto es que la misión principal de los hombres de gobierno debe atender a dos cosas: de un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro, facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo intangible de los derechos de la persona humana y hacerle llevadero el cumplimiento de sus deberes debe ser el oficio esencial de todo poder público (PT 60; LS 15).

70. "...en nombre de estas premisas concernientes al orden ético objetivo, los derechos del poder no pueden ser entendidos de otro modo más que en base al respeto de los derechos objetivos e inviolables del hombre. El bien común, al que la autoridad sirve en el Estado, se realiza plenamente sólo cuando todos los ciudadanos están seguros de sus derechos. Sin esto se llega a la destrucción de la sociedad, a la oposición de los ciudadanos a la autoridad, o también a una situación de opresión, de intimidación, de violencia, de terrorismo, de lo que nos han dado bastante ejemplo los totalitarismos de nuestro siglo. Es así como el principio de los derechos del hombre toca profundamente el sector de la justicia social y se convierte en medida para su verificación fundamental en la vida de los organismos políticos" (RH 17; ICN 93).

7 1. La persona en la comunidad política. La persona, pues, por estar moralmente ordenada a su propia perfección trascendente, hacia la que ha de orientar toda su vida, es superior al Estado. Pero, por ser miembro de la comunidad política del Estado, la persona humana está subordinada en todo lo atinente a la consecución del bien común. No se trata de abdicar de sus derechos esenciales sino de acatar un ordenamiento que los torne menos vulnerables y más eficaces en su ejercicio (ICN 93).

72. Respeto de la ley positiva. La sociedad que se ha organizado políticamente en un Estado, debe regir su conducta por la ley natural y la ley positiva, la ley constitucional y otras leyes que dicte, las cuales deben procurar el bien común. Todos los ciudadanos deben, con sano respeto, observar la ley cuidadosamente. La autoridad, por su parte, debe hacer cumplir las leyes establecidas sin obrar con arbitrariedad. La vigencia de la ley es garantía de justicia para todos, sobre todo para los más indefensos; su debilitamiento afecta al cuerpo social (ICN 96).

73. Ruptura de la continuidad institucional. Una sociedad muestra su vigor cuando se sostiene en el marco de la ley y no rompe la continuidad de sus autoridades Por intervenciones revolucionarias injustas. Aunque pueda haber revoluciones justas, sin embargo, es preciso insistir que una sociedad debe normalmente crecer sin esas intervenciones, las cuales por ser medidas de fuerza que no tienen los controles normales de la autoridad, pueden dar lugar a injusticias tan grandes como las que se quiso combatir (PP 31; ICN 97).

74. Principios en que se sustenta el bien común. En Evangelio, diálogo y sociedad (3.5.80) el Episcopado argentino afirma que pertenecen al bien común:

- La defensa de la dignidad de la persona, sus derechos y su libertad, especialmente la libertad religiosa.

- El derecho a la vida, aún antes de nacer.

- El derecho a la salud y a la vivienda.

- El derecho al trabajo.

- El derecho de propiedad y su función social.

- La defensa de la familia, hogar del amor y de la vida nueva.

- Las sociedades intermedias y el principio de subsidiariedad.

- El acceso a los bienes de la educación y la cultura con igualdad de oportunidades para todos.

- El establecimiento de la justicia por un orden jurídico que defienda a todos pero especialmente a los más débiles y desamparados y procure la participación de todos en los bienes materiales y espirituales.

- La custodia de las múltiples libertades cívicas.

- El establecimiento de un Estado que no sólo defienda los derechos de las personas sino que intervenga positivamente cuando lo requiera el bien común; que despierte la responsabilidad y garantice la participación de los ciudadanos en la gestión de la cosa pública, para que constituyan un verdadero pueblo y no acepten vivir en la demagogia ni en la masificación (EDS 11,4).

75. Restricción transitoria de algunos derechos. La complejidad de las circunstancias obliga a veces a los poderes públicos a intervenir en materia social, económica y cultural, para determinar condiciones más favorables, que faciliten con mayor eficacia a los ciudadanos y a las agrupaciones una búsqueda libre del bien completo del hombre... De todos modos, cuando el ejercicio de los derechos temporalmente se limita por razones del bien común, una vez cambiadas las circunstancias, debe restituirse la libertad cuanto antes, pues es inhumano que la autoridad política degenere en formas totalitarias o en formas dictatoriales que menosprecien los derechos de la persona o de los grupos sociales (GS 75).

76. Nunca el bien común puede permitir la supresión, sino tan sólo la restricción del ejercicio de algunos derechos humanos. Como recuerda la enseñanza de la Iglesia y acaba de repetirlo Juan Pablo II: "Aún en situaciones excepcionales, que pueden surgir a veces, no se puede jamás justificar violación alguna de la dignidad fundamental de la persona humana o de los derechos básicos que salvaguardan su dignidad" (ICN 134).

77. Tutela jurídica de los derechos de la persona. El bien común es la razón justificadora de toda la comunidad política y consiste en la tutela de los derechos de la persona. Tutela que no podrá resultar eficaz si no está jurídicamente organizada la intervención del pueblo en la política. Pero recíprocamente, no podrá el pueblo participar en la política si no existe un orden jurídico político que proteja mejor en la vida pública los derechos de la persona. Porque la garantía de esos mismos derechos "es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el

gobierno de la cosa pública" (ICN 103).

IV. EL DIÁLOGO: MODO NATURAL Y ESPONTÁNEO

DE PROMOVER EL BIEN COMÚN

78. El diálogo, entre los componentes de la sociedad, ordinario, permanente, constituye el modo más natural espontáneo de promover el bien común, y es, a la vez, una parte del mismo. De él nace la sociedad. Con él crece y se perfecciona. De él debe brotar el remedio saludable de sus enfermedades. Sin él la sociedad corre peligro de debilitarse y aún desintegrarse (EDS 1, 2).

79. Es un derecho natural. El diálogo, pues, es un derecho natural, anterior a cualquier derecho positivo y a cualquier implementación práctica. Implica para el individuo y para la comunidad la obligación gravísima de afrontarlo (EDS I, 2)

80. El diálogo político. El diálogo político no ha de entenderse como un ejercicio circunstancial sobre cuestiones de doctrina o instituciones políticas, ni sólo como el coloquio provechoso con hombres públicos, sino, en primer lugar, como la búsqueda del bien común de la sociedad política (EDS 1, 2).

81. Es propio de este diálogo, nobilísimo entre todos los diálogos humanos, "precisar los valores fundamentales de toda comunidad, la concordia interior y la seguridad exterior, conciliando la igualdad con la libertad, la autoridad pública con la legítima autonomía y participación de las personas y grupos, la soberanía nacional con la convivencia y la solidaridad internacional" (Pb 521) (EDS 1, 2).

82. El diálogo político como todo diálogo es una búsqueda de la verdad y del bien. No consiste simplemente en un convenio de voluntades vacío de contenido, sino que procura un acuerdo sobre lo que es verdad y bien para el hombre y la comunidad (EDS 1, 3).

83. Las condiciones del diálogo. Tanto para quienes proponen el diálogo, como para quienes lo acepten existen condiciones de cuyo cumplimiento real depende el buen éxito que todos deseamos (EDS 1, 3).

84. Cuanto mayor sea la verdad y el bien que se procuran, más noble será el diálogo y más hondo el vínculo de la sociedad. Así pues, el diálogo supone el amor, que es la voluntad de bien. Es un amor de fraternidad universal, que quiere el bien común (EDS 1, 3).

85. Como Dios inició el diálogo con los hombres en la creación y lo reinici6 más maravillosamente en la redención, el hombre de buena voluntad debe estar dispuesto a comenzarlo una y mil veces, no importan las interrupciones o frustraciones que el error y el egoísmo, frutos de la fragilidad y del pecado, hayan provocado en el pasado o puedan provocar en el futuro (EDS 1, 3).

86. Ello manifiesta la firme voluntad de ser nación, una inagotable capacidad de fraternidad (EDS 1, 3).

87. Tomar la iniciativa. Exhortamos a todos los fieles católicos e invitamos a los demás ciudadanos y grupos sociales a no cejar en el empeño de tomar siempre la iniciativa, de dar el primer paso, para entablar el diálogo y sostenerlo (EDS 1, 3).

88. Se debe estar pronto a reencauzar el diálogo cuando se desoriente debido a la

"vanidad de la conversación inútil"; a reiniciarlo toda vez que se interrumpa por la

"condenación apriorística o la polémica ofensiva y habitual" (EDS 1, 3).

89. Obligación de la autoridad pública. La obligación de promover el diálogo político universal, atañe de modo especial a la autoridad pública, que con ello cumple una parte relevante de su misión específica (EDS 1, 3).

90. La complejidad de la vida social moderna, en vez de eximir de esta obligación, le urge más a su cumplimiento, pues un bien social que se hace cada vez más difícil, no puede ser logrado sino por una mayor participación de todos(EDS 1, 3).

91. Respeto, veracidad y sinceridad. El diálogo exige un verdadero respeto por el otro. Su palabra debe ser recibida con seriedad y considerada con atención proporcionada a su calidad y trascendencia. En verdad sólo comienza a haber diálogo cuando alguien se pone en humilde actitud de escucha (EDS 1, 3).

92. Se ha de respetar también su libertad, de modo tal que se permita la expresión cabal de su pensamiento, conforme a lo que su conciencia responsable le requiera (EDS 1,3).

93. Debe darse una confianza mutua sostenida por recíproca sinceridad. Las ideas y las intenciones que yacen en lo profundo de la persona, sólo se conocen cuando las manifiesta con sinceridad y en los hechos. Y no será recibida su palabra si no se le tiene confianza, si no se le tiene fe (EDS 1, 3).

94. Una sociedad política es un acuerdo de intenciones y de propósitos y exige esta confianza real entre sus miembros. Los argentinos debemos tenernos fe. Y para eso debemos hacernos dignos de fe (EDS 1, 3).

95. Un. diálogo que, en cualquiera de sus interlocutores, encerrase ocultos designios, no sería más que una desilusión para todos. El lenguaje político no está exento de la grave obligación de ser veraz y sincero (EDS 1, 3).

96. Eliminar las causas que hieren la unidad del cuerpo social. Debe ser este un momento en que los argentinos crezcamos en la comunión, con propósito real de fraternidad. Hemos de esforzarnos para quitar las causas que hieren la unidad del cuerpo social. Son muchas y diversas, algunas de ellas crónicas. La inmoralidad generalizada, los delitos económicos, todas lastiman y todas deben ser combatidas. En verdad, todo pecado divide, también el oculto (EDS 1, 3).

97. Como nos señalara el Santo Padre (20.10.79), la incertidumbre angustiosa sobre los desaparecidos, la situación de los detenidos sin proceso, cuentan entre las causas profundas que impiden el mayor encuentro de los argentinos y que esperan sin demora alguna la solución que nosotros, como obispos, no sólo aconsejamos sino que pedimos, y que, como verdad, aún dolorosa, será siempre fuerza para la paz (EDS 1, 3).

98. Debemos decir también con claridad, que crean una desconfianza general y destruyen profundamente el tejido social, aquellos que persisten en una voluntad de violencia y destrucción (EDS 1, 3).

99. Nadie se puede apartar del diálogo. El gran diálogo que constituye a una sociedad política debe ser asumido con responsabilidad y nadie se puede apartar por inerte indiferencia o por abandonada despreocupación, ni a nadie se debe excluir sino conforme a derecho (EDS 1, 3).

100. Dios llamó a todos al diálogo con Él y de todos entre sí. De modo semejante, el diálogo de los argentinos debe ser universal. A todos compete preguntarse por la nación y cuestionarse a sí mismos. Todos hemos de discernir el destino de la patria y nuestro puesto para servirla (EDS 1, 3).

101. Hacerse voz de los que no tienen voz. El diálogo debiera ser instrumento para que algunos se hicieran voz de los que muchas veces no tienen voz: niños y ancianos, familia y obreros, inmigrantes y regiones deprimidas, pobres y enfermos (EDS 1, 3).

102. Camino para los equivocados. Debiera comprender también, siempre en la verdad y en la sinceridad, la búsqueda de caminos para incorporar al mismo a los que eventualmente pudieron tener posiciones desacertadas. Mal podría preciarse de cristiana una sociedad que no supiese incluir en sus leyes y en su convivencia el espíritu de reconciliación de Cristo (EDS 1, 3).

103. Aporte de los más capaces. Queda por cierto descartado que se han de incorporar al diálogo aquellos que, dotados de muchos valores y dotes de inteligencia, pueden y deben dar a la comunidad el servicio de su recta actividad (EDS I, 3). -

104. El encuentro humano requiere el precio de dolorosos esfuerzos. El diálogo debe ser paciente y perseverante, porque el cambio, la conversión y la reconciliación de los hombres es difícil. Realizar en cualquier nivel el encuentro humano requiere el precio de dolorosos esfuerzos (EDS 1, 3).

V. OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR

105. Es menester procurar celosamente la educación cívica y política que en nuestros días es particularmente necesaria, ya para el conjunto del pueblo, ya, ante todo, para los jóvenes, a fin de que todos los ciudadanos puedan desempeñar su papel en la vida de la comunidad política (GS 75).

106. Los que son, o pueden llegar a ser, capaces de ejercer un arte tan difícil, pero a la vez tan noble, cual es la política, prepárense para ella y no rehúsen dedicarse a la misma sin buscar el propio interés ni ventajas materiales. Obren con integridad y prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo, sea de un hombre o de un partido, y conságrense al servicio de todos con sinceridad y equidad; más aún, con amor y fortaleza política (GS 75).

107. La participación en las elecciones, en particular en las próximas (1983) que van a ser decisivas para la reconciliación del país, es un deber cívico y, por lo tanto, moral. No cumplirlo sería renunciar a derechos propios y faltar a obligaciones frente a los conciudadanos que esperan ser sostenidos y defendidos por los demás (CR 14).

108. Penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres. Pedimos a los cristianos que tienen responsabilidades significativas en la vida de la sociedad que ofrezcan su aporte generoso al esfuerzo nacional. Que se reúnan para discernir juntos y asumir, en consecuencia, su puesto en esta emergencia. Que se constituyan en núcleos de encuentro y reconciliación, invitando particularmente a los jóvenes. Recordamos a los laicos que a ellos "les corresponde con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directivas, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven" (PP 81) (CR 19).

109. ...nuestra patria necesita una presencia cívica definida, capaz de reconstruir la esperanza y afianzar un proceso de institucionalizaci6n democrática de la sociedad argentina, que permita a todos los hombres de buena voluntad retomar solidariamente el cauce de la construcción de un futuro, asentado en los valores humanos y morales que definen la identidad cultural de nuestro pueblo (POCC Intr.).

110. La solidaridad es el medio para alcanzar el desarrollo. La solidaridad es el estilo y el medio para la realización de una política que quiera mirar al verdadero desarrollo humano. Ésta reclama la participación activa y responsable de todos en la vida política, desde cada uno de los ciudadanos a los diversos grupos, desde los sindicatos a los partidos. Juntamente, todos y cada uno, somos destinatarios y protagonistas de la política. En este ámbito, como ha escrito S.S. Juan Pablo II en la Encíclica Sollicitudo rei socialis, la solidaridad "no es un sentimiento de vaga compasión o de superficial enternecimiento por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsable de todos" ( CHL, 42).

111 Deber de los católicos de colaborar en la búsqueda de soluciones. A los católicos queremos recordarles que, en su condición de ciudadanos tienen el grave deber de colaborar eficazmente en la búsqueda de soluciones a los problemas que agobian a nuestro país y en la búsqueda de un modelo de sociedad que salvaguarde la dignidad y los derechos de la persona humana; entre estos se encuentra el de participar en la organización y en la vida misma de la comunidad política (CEP OR 14.4.85).

112. Los riesgos no justifican la ausencia ni el escepticismo. Para animar cristianamente el orden temporal -en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad –los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política; es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Como repetidamente han afirmado los Padres sinodales, todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia

son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública (CHL 42).

113. Aspiración de los laicos a las responsabilidades políticas. Corresponde a los laicos cristianos organizarse en grupos políticos según sus propios criterios e ideologías, y aspirar a las responsabilidades políticas en el noble afán de ejercerlas al servicio del bien común. Ellos encontrarán en la doctrina social de la Iglesia los principios fundamentales en que inspirar sus actividades y decisiones, de acuerdo con las exigencias morales inherentes a la fe cristiana (CEP OR 14.4.85).

114. Espíritu de servicio, competencia y eficiencia. En el ejercicio del poder político es fundamental aquel espíritu de servicio que, unido a la necesaria competencia y eficiencia, es el único capaz de hacer "transparente" o "limpia" la actividad de los hombres políticos, como justamente, además, la gente exige. Esto urge la lucha abierta y la decidida superación de algunas tentaciones, como el recurso a la deslealtad y a la mentira, el despilfarro de la hacienda pública para que redunde en provecho de unos pocos y con intención de crear una masa de gente dependiente, el uso de medios equívocos o ilícitos para conquistar, mantener y aumentar el poder a cualquier precio (CHL 42)

115. Informarse para actuar. Pedimos a todos los ciudadanos que ejerzan su derecho a registrarse para votar y concurrir a las elecciones. Los alentamos a exigir información a las mismas campañas así como de la cobertura que los medios de comunicación hacen de ellas y a tomar posición respecto de los candidatos y sus programas. Si la campaña de este año ha de comprometerse con los valores del pueblo norteamericano, los candidatos y votantes deben compartir igualmente la responsabilidad de hacer que ello se cumpla. Pedimos a todos que se involucren en la campaña o partido de su preferencia, se informen acerca de las distintas cuestiones y reflexionen (COEU, sept. 87, Criterio 28.7.88).

116. Posibilidad de abstenerse. Emitir el voto constituye una de las formas de cumplir la obligación de participar en la determinación de los destinos de la comunidad y ninguno, en conciencia, salvo serio inconveniente, puede abstenerse del acto electoral (LCE 2).

117. En casos excepcionales la abstención electoral puede ser una manera de participar en la política. Lo es, por ejemplo, cuando la abstención proviene de una decisión lúcida y activa, de manifestar un rechazo a determinada acción fraudulenta que se prevea en los comicios. Para que la abstención sea eficaz, el que se abstiene debe estar seguro de que su gesto será bien comprendido y de que influirá positivamente en la opinión pública (Orientaciones Mons. Almeida Merino. Chihuahua, México, 15.3.83, Docla sept/oct. 83).

VI. LA DEMOCRACIA, EL SISTEMA MAS APTO PARA

EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD

118. La democracia, cuando es auténtica, es una resonancia del Evangelio en el orden temporal, en cuanto significa la sustancial igualdad entre los hombres, implica la lucha por la verdad y la justicia, privilegia la libertad responsable y promueve la amistad social. Por ello, la democracia se vigoriza con el espíritu evangélico, que subyace en la raíz de nuestro pueblo (CPLJ l).

119. La vida en democracia equivale a una vida de tutela y plena vigencia de los derechos de todos los miembros que integran la comunidad, tanto en el orden personal como en el de sus asociaciones y organismos... Desde el restablecimiento de la democracia, se ha creado en nuestro país un clima de confianza en las instituciones que tienen la responsabilidad de dictar las normas de convivencia, custodiar su cumplimiento y sancionar su trasgresión. Esto es muy laudable y ha de ser cuidado como un valor fundamental de la vida social (DRE 1l).

120. La democracia que acaba de restablecerse (1983), necesita afirmarse en sus verdaderos fundamentos, para lo cual es imprescindible iluminar con toda claridad los caminos que conducen a ella, de manera tal que todos y cada uno de los ciudadanos asuman con responsabilidad de conciencia el papel protagónico que en su propio ámbito les corresponde (DRE 2).

121. Todos somos protagonistas. En una democracia todos los ciudadanos deben sentirse protagonistas y artífices responsables de su propio destino como pueblo. Cada uno según su posibilidad, ha de contribuir al bien común, que es la razón de existir de la nación políticamente organizada (ANEP 2).

122. La auténtica democracia. La democracia, para ser auténtica se ha de definir por la igualdad y la participaci6n, la libertad y la ley, el respeto a la autoridad y el legítimo disenso, la unidad nacional y el pluralismo de acción política, una justicia social tan profunda que logre afianzar definitivamente la amistad cívica (ANEP 2).

123. La democracia exige no sólo en las autoridades sino en todos los miembros una recta conducta moral, porque se apoya de manera especial en el protagonismo de cada uno de los ciudadanos (ANEP 3).

124. Formación cívica. Dado que la democracia exige una participación personal, consciente y comprometida, los ciudadanos deben aspirar a una creciente educación cívica, para que no sean muchedumbres gregarias sino pueblo responsable (DRE 6).

125. Un estilo de vida. No basta, sin embargo, el cumplimiento de estas y otras condiciones para asegurar la vida democrática pues ella no consiste solamente en una forma de gobierno, sino esencialmente en un estilo de vida que implica una convivencia en la pluralidad y en la unidad (DRE 7).

126. La democracia nunca logrará realizarse en nuestro país sin un verdadero espíritu de reconciliación (DRE 20).

127. ...no hay democracia estable sin una sana economía y una justa distribución (DRE 10).

128. No ceder en la defensa de la libertad. La democracia como estilo de vida incluye fundamentalmente la libertad. Al salir de un estado de emergencia en que el ejercicio de los derechos fue limitado, no es de extrañarse que haya excesos. La democracia no puede ceder, sin embargo, en la defensa de la libertad aunque vea los peligros que ello entraña. Es parte del riesgo que corre una nación que sabe que la realidad de su soberanía es según la medida de la libertad de sus ciudadanos. Es preciso pues defender la libertad efectiva (CR 15).

129. Bondad y conveniencia de la democracia. Hay que nutrir en el alma del pueblo la convicción profunda de la bondad y conveniencia del régimen democrático que hemos elegido, el cual, por lo mismo, tiene capacidad para defenderse de los peligros que lo acechen, subsistir y desarrollarse dentro de sus modos legales de proceder (CR 15).

130. Confrontación con los totalitarismos. La confrontación de la democracia con los totalitarismos del siglo presente, que absorbían a la persona humana en la totalidad del Estado omnipotente, permitió a la Iglesia rescatar con plena claridad el núcleo más profundo y auténtico del movimiento democrático: la prioridad en su orden de la persona humana sobre el Estado. Principio éste que implica el respeto de los derechos fundamentales del hombre, la participación de los ciudadanos en la vida y en la organización política de la Nación y la consecuente limitación y control del poder por parte del pueblo en los regímenes democráticos (1CN 109).

131. . ..el simple acto electoral no es suficiente para dar solución a los problemas que sufre el país. Sólo existe una verdadera democracia cuando se da una verdadera participación del pueblo en toda la vida política, económica y social del país (CEB OR 7.7.85).

VII. LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ORGANISMOS

DE LA DEMOCRACIA

132. Los partidos políticos son actualmente organismos de la democracia, cuya función esencial consiste en representar en modo global las diferentes ideologías y opciones políticas de una sociedad pluralista y aplicar consecuentemente su programa, si la voluntad popular los conduce al gobierno. Aunque el sufragio es uno de los medios para cumplir esas funciones, los partidos no pueden convertirse en meras empresas electorales cuyos objetivos terminan al día siguiente del comicio. Deben ser verdaderas escuelas de educación cívica y de esclarecimiento político y practicar una democracia interna que permita la confrontación de ideas y la renovación de los cuadros dirigentes (ICN 121).

133. ...los partidos políticos habrán de promover lo que a su juicio exija el bien común; pero en ningún caso les está permitido anteponer sus intereses al bien común (GS 75).

134. Pautas para evaluar a los partidos políticos. Los partidos políticos ¿representan en su totalidad valores y principios previamente existentes en el pueblo, o bien, se aferran a plataformas que pudieran haber estado -algunas de ellas- concebidas al margen de la historia y de la realidad nacional, o haber sido válidas en otro tiempo y no tanto ahora? ¿Procuran una suficiente capacitación y actualización de sus líderes? ¿Buscan en la doctrina social de la Iglesia elementos aptos para un mejor discernimiento de las situaciones y problemas del país? ¿Procuran un sabio esclarecimiento en el pueblo, para lograr decisiones sólidamente pensadas y actitudes ciertamente personales sin masificación ni fanatismo? (ICN 74).

135. Generadores del verdadero civismo. Para no quedar encerrados en sus propias limitaciones (los partidos políticos) deben actuar como matrices generadoras de verdadero civismo, fomentando por sobre todo el conocimiento y la búsqueda del bien común de la nación. Para ello han de respetar las convicciones y creencias del pueblo; atender a sus reales necesidades; proponiendo proyectos políticos acordes (DHC 135).

136. Importancia del número en la democracia. Dada la dignidad humana de cada ciudadano, no puede despreciarse el valor que tiene la fuerza numérica de adherentes de un partido políticos. Este último se ha de calificar como factor de una auténtica democracia sobre todo por la calidad moral de sus candidatos, por la bondad intrínseca y la justicia de sus plataformas, por su amor indeclinable al bien común de la nación (DHC 135).

137. Hacia los cambios profundos. El católico debe preferir aquellos partidos que busquen, no un simple reformismo, sino "cambios profundos de las estructuras, que respondan a las legítimas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia social (Pb 30), teniendo en cuenta que "este cambio necesario de las estructuras sociales, políticas y económicas injustas, no será verdadero y pleno si no va acompañado por el cambio de mentalidad personal y colectiva (Pb 1155).

138. El voto de los católicos. Los partidos políticos que soliciten el voto de los católicos han de presentar plataformas electorales que no entren en conflicto con los principios que hemos enunciado (POCC 17). Esos principios se consignan en el Capítulo II de este trabajo, Criterios que deben inspirar la actividad de los laicos, pág. 17.

139. Ningún partido puede representar a todos los fieles. ... ningún partido políticos, por más inspirado que esté en la doctrina de la Iglesia puede arrogarse la representación de todos los fieles, ya que su programa concreto no podrá tener nunca valor absoluto para todos (Pb 523).

VIII. CANDIDATOS A CARGOS ELECTIVOS

140. No actuar por sentimientos ciegos. Es un deber elegir con racionalidad y prudencia entre los candidatos que por su ideario político y su conducta garanticen el logro de las justas aspiraciones del pueblo argentino. Se ha de desterrar de la lucha política el actuar por sentimientos ciegos, por la inercia de la tradición, por espíritu sectario (CR 14).

141. Seleccionar hombres capaces e íntegros. Para candidatos a gobernantes (los partidos políticos) han de seleccionar democráticamente a hombres capaces e íntegros y han de cultivar el respeto por las demás expresiones políticas, anteponiendo siempre el bien del pueblo a las ambiciones de los propios correligionarios, huyendo de toda demagogia que, en vez de procurar el bien común, apunta sólo a la adhesión de los votantes (DHC 135).

142. Respecto de los candidatos, han de ser de tal calidad ética que aseguren el cumplimiento de lo que han prometido (POCC 17).

143. Evaluación de los candidatos. Al votar, el ciudadano debe fijarse no sólo en lo que el candidato ofrece sino en la forma como ha actuado a lo largo de su vida pública (CEG OR 27.10.85).

144. No menor importancia reviste la elección de los diputados al Congreso... en conciencia no es posible moralmente elevar a tan alta dignidad y responsabilidad a personas que por su falta de preparación, de honradez o de dignidad, simplemente se ponen al servicio de un partido o de una ideología y fácilmente ceden al soborno o ante la amenaza (CEG OR 27.10.85).

IX. LA CAMPAÑA POLÍTICA

145. Debe estar animada por la verdad. Es necesario que las campañas políticas estén animadas por la verdad, lo cual implica dar a conocer los datos reales de la situación del país, presentar los contenidos de las respectivas plataformas, ofrecer proyectos claros y planes realistas y veraces, y no prometer fáciles y retóricas ilusiones. La verdad ha de ir acompañada por la conducta política, entendida aquí como caballerosidad y respeto en las expresiones y el trato con los adversarios. La lucha política no es sinónimo de guerra política (SDS 10).

146. Favorecer la discusión pública de los problemas nacionales. En la preparación de las próximas elecciones (se refiere a las de 1983) conviene favorecer todo ejercicio democrático posible, la discusión pública y libre de los problemas nacionales, la organización de las fuerzas políticas. No se ha de descalificar con el nombre de demagogia o populismo el necesario y honesto interés por el bien del pueblo (CR 15).

147. Evitar los procedimientos innobles. La campaña electoral deberá mantenerse dentro de los marcos de un civilizado pluralismo. Deberán evitarse los procedimientos innobles, la violencia verbal o de hecho, los cuales pueden poner en peligro la realización pacífica de los comicios y aún determinar su frustración (CEB OR 7.7.85).

148. Esperamos de la responsabilidad cívica de los candidatos y electores la conducción de la campaña conforme a las exigencias de la ética (CEE OR 6.12.87).

X. EL VOTO: LÚCIDA Y RESPONSABLE

CONTRIBUCIÓN AL BIEN COMÚN

149. Como toda acción política emprendida por cristianos, el voto debe entenderse como lúcida y responsable contribución al bien común, que no es otra cosa que "el bien de las personas, de las familias y de los diversos grupos que constituyen la sociedad civil" (POCC 5). Votar con criterios de fe y solidaridad, en un marco de reconciliación nacional constituye, también, para el cristiano, la posibilidad de dar un paso más hacia la civilización del amor a la que nos convocan los últimos Pontífices con renovada insistencia (LCE 3).

150. Votar es una manera de participar. ...recordamos a todos la obligación moral de participar en la determinación de los destinos de la comunidad. Emitir el voto constituye una de las formas de cumplir esta obligación y ninguno, en conciencia, salvo serio inconveniente, puede abstenerse del acto electoral (LCE 2).

151. Es un acto libre y responsable. Como la fe debe iluminar toda la actividad humana, ya que la emisión del voto es un gesto importante en la vida política democrática, el católico, antes de decidir su voto, estudiará las plataformas de los partidos políticos, considerará su trayectoria y tendrá en cuenta la idoneidad, conducta y sinceridad de los candidatos. No es superfluo recordar que el voto es un acto libre y que por eso no debe depender de presiones, amenazas, promesas de beneficios, de slogans y aplastantes propagandas. El voto es el fruto de un acto consciente y responsable (SDS 11).

152. El voto es el gran derecho ciudadano. (El voto) es el gran derecho de cada ciudadano. Permite consolidar y rectificar el camino emprendido y al mismo tiempo eliminar democráticamente la corrupción, los intereses individualistas, la violencia, la opresión y las amenazas.

- Debe ser precedido de mucha información, consultas, profunda reflexión, para establecer quien podrá fomentar mejor el bien común.

- No dejarse llevar por el sentimentalismo.

- Es un deber de conciencia.

- Quien no vota se excluye de la sociedad en cierto modo, fomenta el totalitarismo y se hace responsable de que puedan llegar al poder gobiernos perjudiciales para el país.

- Es obligación de las autoridades garantizar la pureza del proceso electoral y velar por el cumplimiento de la voluntad del pueblo (CEH UR 17.11.85).

153. Al emitir el voto el cristiano ejerce la libertad y la capacidad que ha recibido de Dios para regir los propios destinos. Emitiendo el voto el ciudadano delega parte de la responsabilidad que tiene de buscar el bien común en uno o varios individuos a quienes confía llevar adelante el desarrollo armónico de la nación (CEG OR 27.10.85).

154. Es también un deber. En una sociedad bien constituida el voto es un derecho pero también es un deber. El que se abstiene de cumplir con ese deber debilita la estructura social y causa graves males a toda la colectividad (CEG OR 27.10.85).

155. El voto no sólo es un derecho: es igualmente responsabilidad ineludible frente a Dios, frente a la sociedad, frente a la propia conciencia. Hemos de elegir con nuestro voto lo que consideramos el mayor bien posible para la patria. No nos dejemos guiar sólo por el interés personal. Confrontemos las exigencias de una conciencia cristiana, que hemos tratado de iluminar, con las ofertas electorales (CEE OR 6.12.87).

XI. LAS ELECCIONES

156. Condiciones básicas para que una elección tenga autoridad moral. Para que el resultado de un plebiscito o elección tenga autoridad moral deben cumplirse algunas condiciones básicas: 1) El número de los que tengan posibilidad efectiva de participar mediante el sufragio debe ser suficiente para que el acto eleccionario pueda ser considerado como verdadera expresión de la voluntad nacional; 2) Todos los sectores de opinión deben tener acceso equitativo a la TV y otros medios de comunicación social y a las diversas formas de publicidad política, para que los votantes emitan su sufragio con la información debida; 3) Las condiciones en que se emita el voto deben excluir toda posibilidad de presión; 4) La recepción de los votos y los escrutinios deben hacerse en tal forma que su absoluta corrección pueda ser verificada por todos (CECH OR 22.11.87).

157. Acatar el resultado del comicio. El resultado de las elecciones deberá ser acatado por todos sin excepción, aceptando, sosteniendo y criticando, cuando corresponda, a las autoridades que la mayoría justamente haya elegido (CR 15).

158. Evitar inhabilitaciones injustas. Todos los ciudadanos deben sentir la responsabilidad de ser protagonistas y artífices de su propio destino como pueblo... son ellos quienes... depositarios de la autoridad... por su consentimiento dan legitimidad a un gobierno democrático. Esto implica la necesidad de evitar inhabilitaciones personales injustas, proscripciones arbitrarias de grupos o partidos, condicionamientos políticos de diverso tipo que distorsionen la libre expresión de los ciudadanos, a no ser que se trate de movimientos cuya ideología y prácticas sean contrarias a la naturaleza misma de la democracia, la cual debe custodiar y defender, según justicia, su propia existencia (ICN 11 S).

159. Derechos de la mayoría y de la minoría. La mayoría tiene el derecho de gobernar y decidir el rumbo político de la Nación, y la minoría o las minorías tienen el derecho de disentir con ese rumbo y proponer caminos alternativos. La mayoría debe respetar a la minoría en la libre expresión del disenso. La minoría debe respetar a la mayoría en su derecho a la conducción sin una oposición sistemática a la tarea de gobierno, en bien de todo el país. Las actitudes de una y otra deben estar siempre subordinadas al bien común (1CN 119).

ABREVIATURAS

ANEP Ante la Nueva etapa del país (CEA 12.11.83).

CHL Cristifideles laici. Vocación y Misión de los laicos en la

Iglesia y en el Mundo, exhortación apostólica postsinodal

de Juan Pablo II, 30.12.88

CEA Conferencia episcopal argentina.

CEB Conferencia episcopal de Bolivia.

CECH Conferencia episcopal de Chile.

CEE Conferencia episcopal del Ecuador.

CEG Conferencia episcopal de Guatemala.

CEH Conferencia episcopal de Honduras.

CEP Conferencia episcopal del Perú.

COEU Conferencia episcopal de Estados Unidos.

CPLJ Consolidar la patria en la libertad y la justicia (CEA

11.5.85).

CR Camino de reconciliación (CEA 11.8.82).

DHC Dios, el hombre y la conciencia (CEA 21.4.83).

DIP Discurso inaugural de Puebla de Juan Pablo II.

DOCLA Documentación social católica latinoamericana.

DRE Democracia, responsabilidad y esperanza (CEA 13.4.84).

EDS Evangelio, diálogo y sociedad (CEA 3.5.80).

GS Gaudium. et spes, Concilio Vaticano 11.

ICN Iglesia y comunidad nacional (CEA 8.8.8 l).

LCE Los cristianos y las elecciones (CEA 30.9.83).

LE Laborem excersens.

LG Lumen gentium, Concilio Vaticano II.

LS La solemnita, de Pío XII.

Md Medellín, Segunda Conferencia General de] Episcopado

Latinoamericano, 1968.

OR Osservatore Romano.

Pb Puebla, Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 1979.

POCC Principios de orientación cívica para los cristianos (CEA 22.10.82).

PP Populorum progressio.

PT Pacem in terris.

RH Redemtor hominis.

SDS Solo Dios es el Señor (CEA 29.10.88).